Escribe Modesto Montoya
Desde los años 90, en el mundo corre la ola privatizadora de las funciones del Estado. Lo ideal parecería ser un Estado que capte recursos de la Nación y los entregue a las instituciones privadas para que se ocupen de todo lo que sea posible. Los temas de temas ciencia y tecnología no están excluidos de este esquema privatizador. Siendo así, veamos algunas normas que pueden servir para borrar progresivamente los rastros de investigación en las instituciones estatales.
Un primer paso es eliminar la necesidad de hacer tesis para optar por el título profesional universitario. Así no habrá gente capaz de investigar. También se recomienda inventar doctorados diseñados para no investigar.
Hay dinero del canon minero para investigación en las universidades públicas. Para que ese dinero fluya hacia la caja de las empresas privadas, sin hacer investigación, establecer normas que autoricen las construcciones de edificios, facilite las compras de equipos y, al mismo tiempo, prohíba remuneraciones y todo tipo de retribuciones para los investigadores.
El Estado provee fondos concursables para la investigación, la ciencia y la innovación. Para reducir el número de competidores de las universidades públicas, basta con establecer reglamentos de evaluación docente minimizando el peso de las publicaciones en revistas internacionales indizadas o de las patentes.
Para que los investigadores de los organismos públicos se les baje el entusiasmo por la investigación, basta con prohibir, en ellos, los ascensos en sus correspondientes niveles remunerativos. Y para evitar olas de nuevos investigadores que podrían venir entusiastas, basta con prohibir la incorporación de nueva gente al Estado que no sea militar, policía, diplomático, juez o penitenciario. ¡Todo menos investigadores científicos y tecnológicos!
Para hacer difícil la colaboración entre organismos públicos de investigación que se les ocurra presentar proyectos conjuntos, hay que mantenerlos desperdigados, desarticulados, en ministerios diferentes, sin un ministerio que podría fortalecerlos.
Disminuida la competencia de las universidades e instituciones públicas, los concursos serán mayormente entre empresas privadas. No faltarán apóstoles, pero no serán en número significativo que cambien el sentido del plan.
Los primeros resultados serán instituciones del Estado improductivas. Mejor, eso servirá como argumento para intensificar y consolidar la privatización de la ciencia y la tecnología. ¡No hay pierde!
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