La necesidad de una nueva institucionalidad estatal: el ministerio de ciencia y tecnologia

Escribe Modesto Montoya (*)

El editorial del diario “El Comercio” (07/10/13) sobre la eventual creacion de un ministerio de ciencia y tecnologia empieza con una pregunta provocadora: “Esta idea, sin embargo, esconde un misterio que sus impulsores nunca han revelado: ¿como el Estado –la institucion mas burocratica y menos innovadora de nuestra sociedad– se va a convertir repentinamente en un director e impulsor de la mas explosiva creatividad?” La respuesta la encontramos al final del mismo editorial: “En todo caso, si el Estado quiere incentivar la innovacion, podria empezar por reducir la alta presion tributaria, la rigidez de la regulacion laboral o las barreras burocraticas que impiden que muchos emprendedores lleven al mercado una innovadora idea. Para empezar a ayudar, a fin de cuentas, siempre hay que empezar por no estorbar.”

Todos sabemos que en el Consejo de Ministros se propone, discute y aprueba las politicas que luego dirigen e impulsan los ministerios. Sin Ministerio de Ciencia, Tecnologia e Innovacion (CTI)  no hay un responsable del tema. Este ministerio tendria que resolver los problemas que se encuentran en este sector, actualmente caotico y abandonado, en el que se ha levantado muros contra su desarrollo.

Aparte de reducir la alta presion tributaria, la rigidez de la regulacion laboral o las barreras burocraticas, el mayor apoyo que el Estado puede brindar, a las empresas que desean innovar con ciencia y tecnología, es definir conjuntamente necesidades y prioridades, y poner a su alcance centros de investigación de excelencia con investigadores incentivados, con los cuales se pueda realizar proyectos de interas comun. La lista de murallas burocraticas que debe derrumbarse es larga.

Las universidades del Estado tienen normas de evaluacion de docentes que dan un peso casi nulo a la investigacion. Más aun, los esfuerzos de investigacion desaparecieron cuando se elimino el requisito de tesis para obtener el título profesional y se permitio el surgimiento de grados academicos casi sin requisito de investigar.

Por otro lado, la Ley del canon minero prohíbe que la parte asignada a la investigación en las universidades estatales sea usada para retribuir a los investigadores que lleven a cabo proyectos de investigación. Actualmente hay docentes que hacen investigación sin retribución por ello, pero son casos excepcionales.